por Ramón Gutiérrez

Colabora especialmente en este número el Asesor Emérito de la CNMMyLH, Arq. Ramón Gutiérrez.

Recientemente una nota en el suplemento M2 del periódico Página 12 firmada por un Magíster de Gestión de Patrimonio y profesor de una Maestría en la Universidad Di Tella, llamado Facundo Almeida tomaba el trabajo de investigación de algunos de sus alumnos como ejemplo de las múltiples asignaturas pendientes que tiene nuestro Patrimonio. Estos estudios fueron llevados a un diputado Piemonte que motivó un proyecto de Ley reclamando la declaratoria patrimonial de la Casa de Rivadavia en Cádiz con un absoluto desconocimiento del tema. Una vez más nos alarma la banalidad con que se proponen cosas que se desconocen y la ligereza con que se manejan los conceptos patrimoniales.

Debo confesar que nunca he sentido demasiadas simpatías por Rivadavia y su gestión unitaria, pero cuando llegó la hora de defender lo que quedaba de su Casa en Cádiz no tuve ninguna duda en esforzarme en la tarea, pues siempre he pensado que no debemos plantear una memoria selectiva y mucho menos con nuestro patrimonio.

Es esta Casa, probablemente, uno de los ejemplos más notables de la incapacidad argentina para preservar un patrimonio, no digo ya histórico sino simplemente construido y por ello vale la pena, detallar un poco esta historia.

La Casa donde murió Rivadavia en Cádiz (España) fue donada a la Argentina por el comerciante español Sr. José Roger Balet, un filántropo que admiraba al prócer [1]. En 1941 al conformarse la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos el donante insistió, ya que la había ofrecido en donación en el año 1929 sin tener respuesta de nuestro gobierno que, a la vez, extravió los títulos sin protocolizar la donación. [2]

Roger Balet donaba esta propiedad como gesto retributivo a todo lo que le había dado la Argentina, patria de sus hijos, y Ricardo Levene aceptó la misma pensando instalar allí un museo, ámbitos para las relaciones hispano-argentinas, la sede del consulado y un centro de investigaciones históricas y económicas.[3]

En 1943 el Gobierno Nacional habilitó la suma de 67.465 pesos para realizar trabajos de reparo y restauración y, de acuerdo al decreto del 16 de octubre de 1941, colocó bajo la tutela de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos la mencionada propiedad. [4] La Casa se identificaba para los habitantes de Cádiz por una placa colocada en 1910 por la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, es decir por los españoles residentes en la Argentina y no por los argentinos residentes en España…

De hecho, la casa de cuatro pisos tenía alquilados varios de ellos para viviendas y allí funcionaría desde 1943 el Consulado argentino en Cádiz que atendía toda la región de Andalucía. [5] Uno de los problemas iniciales fue la morosa tramitación de los desalojos de los inquilinos, pero no se logró desplazar a las tabernas que funcionaban en la planta baja. Pero, una vez liberados los tres pisos altos, la falta de un adecuado mantenimiento fue sumiendo a la casona, construida hacia 1815, en ruinas.

Se puso una vez más en evidencia que aquello que no se ocupa y que no tiene actividad permanente se va deteriorando irremisiblemente, y quedó claro que hubiese sido preferible conservar los inquilinos, compatibilizando sus actividades con las del Consulado que quitándolos, sobre todo si no había capacidad económica o voluntad política para mantener la casa adecuadamente. De hecho, la Comisión de Monumentos envió una serie de iconografías rivadavianas, compró libros para una biblioteca y encargó al escultor Agustín Riganelli un busto de Rivadavia. Los dineros aprobados en 1943 y 1946 para las obras se perdieron en las farragosas tramitaciones burocráticas y no se invirtieron adecuadamente, por lo que en 1950 se creó una Comisión interministerial que consolidó la retórica discursiva y diluyó las responsabilidades entre todos los miembros.

Desde un comienzo estuvo poco claro si le correspondía al Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de la localización del Consulado o a la Comisión de Monumentos (Ministerio de Educación y Justicia, luego de Cultura y Educación), en virtud de ser Monumento Histórico, o al de Obras Públicas que disponía de los recursos, el atender al mantenimiento de la casa.

Hacia 1964 se reunieron representantes de los Ministerios “con el fin de dar una solución decorosa y definitiva al problema creado en la casa” ya que tenían un informe del arquitecto español Romero de Aranda, con las estimaciones precisas de lo que costaría rehabilitar adecuadamente el edificio. Mientras tanto el dinero procedente de los alquileres devengados se acumulaba en una cuenta del Banco de Barcelona, hasta que la Comisión de Monumentos solicitó se habilitaran para hacer las reparaciones más urgentes. Luego de veinte años de burocracia, una nota periodística de fondo llamaba la atención sobre la tramitación y urgía una respuesta “para reparar una tardanza que ya dialoga con la desidia”.[6]

Una década más tarde, en 1974, se elevó a la Dirección Nacional de Arquitectura Educacional (DINAE) el proyecto del arquitecto español, dando comienzo a otro largo trámite burocrático. Así luego de dos años y cuatro meses el expediente volvió en septiembre de 1976 al Ministerio de Relaciones Exteriores, que en diciembre de 1978 lo pasó al Ministerio de Cultura y Educación, que logró finalmente hacerlo regresar a la DINAE en diciembre de 1978.

Esta hazaña de circulación interministerial de expedientes que van engrosando en informes, pases, sellos y nuevos oficios, demuestra la capacidad argentina para distraer el tiempo sin decidir absolutamente nada. Esto hubiera sido de un costo sin dudas inútil, pero menos gravoso, sino fuese porque mientras el expediente daba vueltas entre 1974 y 1978, “fue menester proceder a la demolición interna del inmueble conservando sus muros de fachada y éstos, a la fecha, presentan serios deterioros que hacen temer por su subsistencia”. [7]

Lo notable es que la demolición del Monumento Nacional se hizo con autorización de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, en “razón de su peligrosidad y obsoletismo” según explicaba el Dr. Carlos María Gelly y Obes.

La medida dispuesta en abril de 1974 motivó nuevamente lacrimógenos discursos y pocas soluciones, señalándose que la figura del prócer parecía “signada por la adversidad” ya que se habían demolido la casa donde nació en la calle Defensa 453 y ahora se autorizaba la demolición del Monumento Nacional en Cádiz. [8]

La Prensa editorializaba señalando que “la destrucción de un solar evocativo, que pertenece no tanto al Estado cuanto a la Nación, implica un daño a nuestro patrimonio histórico, además de un agravio a uno de los varones mayores de la patria, precursor de nuestros cimientos institucionales”.[9]

En realidad lo que no se decía es que al Ayuntamiento de Cádiz había emplazado a la Argentina para repararla y que se veía obligado a ejecutar su demolición por el riesgo que corrían las casas adyacentes “cuyos respectivos vecinos están atemorizados ante el espectáculo de una finca cuyos techos hace tiempo que se derrumbaron y amenaza con desplomarse en cualquier momento”. [10]

Se aconsejaba entonces que la casa, o lo que quedaba de ella, pasase al Ministerio de Cultura y Educación, mientras que el Consulado se había quedado sin sede y debía alquilar ahora un nuevo espacio que gravaba nuestro presupuesto nacional en no menos de 100.000 dólares en una década.

En 1979 el Cónsul aconsejaba la demolición total “evitando de esta manera un posible accidente de insospechadas consecuencias en tan céntrico y concurrido lugar” y la DINAE estaba de acuerdo con ello aconsejando que se conservaran algunos elementos de escultura, pintura o decoración, balcones, sillares o placas que se conceptuaran de valor histórico-artístico. Es decir los restos del naufragio que no habíamos sabido cuidar ni tutelar a pesar de los discursos patrióticos del dos de septiembre de cada año en los principales diarios nacionales. [11]

Justamente cuando el Monumento tenía 35 años en condición de tal, y sin obrar efectivamente sobre el mismo, la Comisión actuó simplemente para autorizar la demolición. Además indicó que “el realizar nuevas construcciones tras los muros de fachada no condice con los criterios académicos que norman la preservación y valorización de los monumentos históricos” por lo que Gelly y Obes sugirió hacer “un memorial en el espacio libre resultante de la demolición”. [12]

Más político (y farsante) el Presidente de la Comisión Julio César Gancedo, luego de obsequiar al Teniente General Videla “una artesanía vinculada a la iconografía sanmartiniana” (sic), “manifestó su satisfacción por haber concretado la restauración de la casa de Rivadavia en Cádiz, quedando acordado con los técnicos el inmediato apuntalamiento de los muros, la iniciación de nuevas obras en el plazo de un mes y su habilitación como Consulado y Museo antes de un año”.[13]

Gancedo era cabalmente conciente de la falacia de sus promesas, pues carecía de los recursos para restaurar nada y sabía de la opinión de sus compañeros de Comisión que puntualizaba Gelly y Obes al promover la demolición total. Es más: el apuntalamiento había sido exigido por el Ayuntamiento de Cádiz que tampoco aceptaba la demolición de las fachadas pues formaban parte del entorno del centro histórico de la ciudad y por ende debían ser preservadas.

Las quejas en Cádiz, ante la desidia argentina arreciaban. En 1988 se decía que la casa apuntalada en sus fachadas “no sólo es una vergüenza para la ciudad sino un claro peligro. Está apuntalado, pero yo creo que hasta las maderas que lo sostienen están mal. Su situación en pleno centro de la ciudad, con fachada a la calle San José, tan transitada en estas fechas por ser una calle comercial, hace la amenaza más grave, pues, el desgraciado día que caiga alguna piedra de sus fachadas, que es lo único que existe de la casa, puede coger a mucha gente debajo”. “Si el inmueble es propiedad del Estado argentino, ya es hora de que se inicien unas negociaciones para darle solución al asunto por vía amistosa o por vía de la expropiación, si fuera posible. Desde luego habría que saber quién va a responder de las desgracias que se produzcan el día de su derrumbamiento”.[14]

En ese momento el cónsul argentino, José Antonio Ángel Tomassini, solicitó a la Comisión de Monumentos una decisión consensuada con el Ayuntamiento de Cádiz y aprovechando un viaje que debía realizar a Sevilla, fui delegado por el Presidente de la Comisión Jorge Enrique Hardoy para tratar el tema. La verificación del estado lamentable del inmueble, el concepto de preservación de fachadas en el área monumental de Cádiz por estar ya catalogadas y la opinión de colegas, nos llevaron a iniciar, con acuerdo del cónsul, una tramitación ante la Junta de Andalucía.

El cónsul por su parte había iniciado gestiones ante empresas privadas para ceder parte del lote y construir en él, gestiones que fuimos analizando y descartando.

En la oportunidad, el Director de Arquitectura de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, arquitecto José Ramón Moreno, me manifestó la disposición del organismo de asumir la rehabilitación del inmueble, destinando una parte para vivienda de protección oficial y otra parte, en planta baja y primer piso, para que quedara en propiedad de la Argentina, destinada a salas de exposiciones y conferencias, así como para las oficinas del Consulado.

Con esta propuesta solicité al arquitecto gaditano Juan Jiménez Mata que efectuara un estudio de las posibilidades que daba el terreno y las fachadas existentes, lo que realizó. Aconsejé en marzo de 1989 aceptar la oferta oficial de la Junta de Andalucía “en cuanto conforma los intereses de entidades que no persiguen fines de lucro y que pueden por ende contribuir a mejorar la calidad de vida y usos del centro histórico de Cádiz”. [15]

En Argentina, el expediente entró nuevamente en el túnel del tiempo, llevó meses lograr que se habilitara la transferencia de la propiedad del Estado, en la DINAE volvieron a proponer que se hiciera una plaza abierta con el busto de Rivadavia en el medio, sin entender las restricciones de demolición de las fachadas que existían en Cádiz y cuando todo parecía finalmente encaminarse, apareció el fantasma del negocio.

En efecto, con el cambio de Gobierno y el ascenso del presidente Menem, surgieron notorias vocaciones rivadavianas, entre ellas la del nuevo “Embajador” Karim Yoma a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Especiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desconociendo todas las tramitaciones realizadas y el propio estado del inmueble el Sr. Karim Yoma convocó a una conferencia de prensa indicando que se repararía la Casa de Rivadavia en Cádiz y que este asunto pasaba de la órbita del Ministerio de Educación y Justicia a la Subsecretaría a su cargo que llevaría adelante las gestiones.

Se comprometía en nombre del Gobierno a realizar en noventa días las obras de “afianzamiento, remodelación y refacción”, lo que ratifica su desconocimiento total de lo que hablaba e indicaba que los fondos serían dados por el Banco de la Nación Argentina quedando eso sí, la dirección de las tareas a cargo de profesionales argentinos. Esto último no era posible por la carencia de matrícula habilitante en España, además de los altos costos que viajes y viáticos significarían.

Karim Yoma, seguramente un experto en monumentos históricos, nos decía que en la casa de Rivadavia se habilitarían “espacios para el consulado argentino en Cádiz, la agencia de Aerolíneas Argentinas y otras representaciones oficiales de nuestro país”. [16]

Pensamos inicialmente que todo era una nueva cortina de humo de alguien que quería salir en los diarios, pero no, pudimos averiguar que se había realizado alguna gestión informal ante el Banco Nación solicitando se dispusiesen dos millones de dólares para el “emprendimiento”. Como ya se sabía que Aerolíneas Argentinas sería privatizada, que no habría vuelos internacionales desde Cádiz, y que el costo de las obras que presupuestaba la Junta de Andalucía no llegaba al millón de dólares, era evidente que había algo más que efluvios rivadavianos en este súbito proyecto.

Nos encargamos por lo tanto de advertir a algunos funcionarios de los organismos que supuestamente financiarían estas obras, la verdadera situación del inmueble, las gestiones en marcha que resolvían el problema sin que la Argentina tuviera que invertir un centavo, y los costos verdaderos de las obras. La prevención fue eficaz y la vocación rivadaviana del Embajador Yoma se evidenció como un tanto efímera, permitiéndonos retomar el trámite anterior, luego de advertirnos que podríamos guardarnos la Casa de Rivadavia en algún lugar recóndito de nuestra humanidad.

Aparecieron, eso sí, pensamientos profundos acerca de si era compatible con la grandeza de la casa del prócer (que ya no existía) la utilización como vivienda popular de una parte del inmueble reconstruido, lo que mostraba una vez más la tilinguería argentina cuando la casa había estado así habitada por décadas y con tabernas abajo sin que nadie se sintiera agraviado. Se prefirió sin embargo destinar el nuevo inmueble a usos culturales iniciándose otras gestiones.

Como consecuencia de estas tramitaciones finalmente se realizó en 1991 un convenio entre la Diputación Provincial de Cádiz y el Ministerio de Cultura y Educación, que facilitaron el emprendimiento de las obras para albergar actividades culturales relacionadas algunas de ellas con Rafael Alberti en las dos plantas superiores y dejando para la Argentina la planta baja para actividades culturales y el primer piso para el Consulado, como habíamos propuesto originariamente.[17] El costo de las obras de “rehabilitación integral de todas las plantas del edificio” que tardarían quince meses, fue estipulado por el arquitecto Jiménez Mata en el equivalente a 750.000 dólares que pagarían las instituciones españolas.

Después de tanto bregar, como colofón de esta odisea de medio siglo, cuando se recuperaba dignamente el edificio y había posibilidades de tener una presencia cultural e histórica efectiva, la Cancillería Argentina, alegando razones económicas y funcionales eliminó la existencia de su Consulado en Cádiz.

La historia culmina cuando en el año 1996 el Embajador argentino en España, Dr. Guillermo Jacovella, firmaba el convenio con el Presidente de la Diputación de Cádiz donde cedía el uso de las instalaciones de su propiedad para iniciativas de carácter cultural, pudiendo recuperar estos espacios si algún día procediese a la reapertura del Consulado. [18]

Por Decreto Nº 142 del 3 de febrero del año 2004 se aprobó la reapertura del Consulado que ocupa hoy nuevamente su antigua sede. Jerarquizando el edificio, la Diputación Provincial de Cádiz instaló allí la Fundación Provincial de Cultura y el Observatorio Cultural entre otras instituciones que definieron el perfil de actividades de la sede.

Así el recuerdo a Rivadavia permanece en la antigua placa, en el nombre de la calle, en las fachadas que obligó el Municipio de Cádiz a respetar como parte de su Centro Histórico y en la sala y la edificación que tiene el uso que corresponde.

Todo ello: placa, calle, fachadas, edificación, sala y sede consular fueron pagadas y conservadas gracias a la iniciativa y al aporte español. Eso sí, lo manifiestos y proclamas retóricas sobre el patrimonio nos quedaron, junto con los intentos de negocios y los dobles discursos patrióticos, a los argentinos….

Para no perder el ritmo identitario, Facundo Almeida, sus discípulos de postgrado y un diputado nos conmueven hoy reclamando por el resguardo de la Casa de Rivadavia. ¿De qué Casa estarán hablando?

Estoy, sin embargo, de acuerdo con Almeida en preservar los edificios de nuestras sedes diplomáticas que tienen valor patrimonial. Ya vendimos y perdimos la magnífica quinta de Berro en la Avenida Agraciada de Montevideo, hoy ocupada por la secta Moon, pero todavía podemos preservar la Embajada en el Perú que se hizo con un interesante diseño neocolonial de Martín Noel.

Elijamos bien lo que debemos tutelar y más rigurosos en los criterios patrimoniales. Así, en lugar de plantear solamente críticas coyunturales y proponer disparates sobre la inexistente Casa de Rivadavia, se tomará conciencia de nuestras propias limitaciones testimoniales y, enmendando antiguos errores, buscaremos actuar positivamente aportando al perfeccionamiento de tareas que aseguren el resguardo que merece nuestro verdadero patrimonio.

[1] Fue objeto de un homenaje el donante de la casa que Rivadavia habitó en Cádiz”. La Nación. Buenos Aires. 25 de noviembre de 1941.

[2] ”La casa donde murió Rivadavia hace 87 años”. La Razón. Buenos Aires 2 de septiembre de 1932.

[3] ”Donóse al país la Casa de Rivadavia en Cádiz”. La Nación. Buenos Aires. 2 de septiembre de 1941.

[4] ”Será restaurada la casa en que vivió y murió en Cádiz Don Bernardino Rivadavia”. La Razón. Buenos Aires. 3 de agosto de 1943.

[5] ”Toma de posesión de la casa en que murió Rivadavia”. La Nación, Buenos Aires. 18 de diciembre de 1943.El apoderado de Roger Balet en la entrega fue nada menos que José María Pemán.

[6] ”La casa de Rivadavia en Cádiz”- La Nación. Buenos Aires 4 de noviembre de 1964.

[7] DINAE. Informe Nº 3.939. Diciembre de 1978. Fojas 168.12Alberto A. Roveda. “Rivadavia y la casa donde vivió en Cádiz”. La Nación, Buenos Aires. 11 de abril de 1974.

[8] ”La memoria de Rivadavia no será borrada con demoliciones”. La Prensa, Buenos Aires. 20 de abril de 1974

[9] Emilio de la Cruz Hermosilla, Director de Diario de Cádiz. “La casa de Rivadavia en Cádiz”. La Nación. Buenos Aires. 14 de mayo de 1974.

[10] ”El P. E. dispuso la demolición de la casa de Rivadavia en Cádiz”. La Nación. Buenos Aires 2 de abril de 1974.

[11] Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Nota del 10 de noviembre de 1981. Ref. Expediente 200014/76.

[12] ”Restaurarán la Casa de Rivadavia en Cádiz”. La Nación. Buenos Aires. 31 de octubre de 1980.

[13] Luis Montero Aragón “Sigue el peligro”. Diario de Cádiz. Cádiz. 23 de diciembre de 1988.

[14] Ramón Gutiérrez “Informe referente a la Casa de Rivadavia en Cádiz”. Entregado a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. Buenos Aires. 15 de marzo de 1989.

[16] Karim Yoma “Repararán la casa de Rivadavia en Cádiz. La Nación. Buenos Aires. 2 de septiembre de 1989.

[17] Convenio del Ministerio de Cultura y Educación con la Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz 28 de junio de 1991

[18] ”Convenio entre la República Argentina y la Diputación Provincial de Cádiz para la utilización del edificio Presidente Rivadavia de Cádiz”. Cádiz 12 de diciembre de 1996.